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A mediados del mes de noviembre de 2013 pudimos asistir, algo desconcertados a la sentencia final del “Caso Prestige” , que no dejó satisfecho a casi nadie.

Junto con lo ocurrido en 1998 en las minas de Aznalcóllar, éste ha sido “el mayor desastre ambiental en ocurrido en España” , si bien, en la población sevillana se produjo un vertido 100 veces mayor, el derrame de petróleo del buque “Prestige” ha sido considerado el tercer accidente más costoso de la historia . No obstante, hay un elemento común en ambos desastres: los responsables o potenciales responsables del accidente, no han pagado ningún tipo de indemnización por lo ocurrido. Al menos hasta ahora.

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De hecho, en el caso del siniestro del buque, si el propietario del “Prestige” llegara a ser considerado responsable objetivo de los daños producidos, por vía civil, una vez agotada la penal con la sentencia referida, éste dispondría de un montante de 180 millones de euro que aportaría el FIDAC (Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos) para compensar esos daños. El resto de daños que superasen esa cifra, para la que únicamente la limpieza se estima que superó los 12 mil millones de dólares, se quedarían sin reparación.

Si consideramos que el principal damnificado ha sido nuestro medio ambiente (en su acepción amplia como término) , y que los efectos de dichas catástrofes han sido reparados en algunos casos o minimizados en otros, por las diferentes administraciones públicas, es decir, con cargo a nuestros impuestos, podemos concluir que, en última instancia, somos los ciudadanos los que hacemos frente a estas catástrofes e irresponsabilidades ambientales. Incluso, ya no sólo con nuestras cotizaciones, tasas y tributos, sino prestándonos como voluntarios en las limpiezas y restauraciones de los ecosistemas afectados.

Por tanto, ¿qué pasa cuando “quien contamina no paga”? O, mejor dicho, ¿cómo evitar esto? Continue Reading →